En el año 94, La Ley de Arrendamientos Urbanos introdujo una moratoria de 20 años que tenía como objetivo la protección de los comercios, ubicados sobre todo en los cascos antiguos de las ciudades, y su mantenimiento en el tiempo, atendiendo a la situación económica que el país sufría en el año 1994.
Paradójicamente, la situación económica que vivimos es bastante peor que la que llevó en 1994 a establecer la moratoria. Los negocios familiares, de barrio, históricos, la mayoría de las veces regentados por personas de larga trayectoria que han resistido a la crisis económica más fuerte jamás conocida tras la Guerra Civil son auténticos héroes empresariales, que difícilmente puedan soportar este nuevo zarpazo en forma de ley. Según el INE, los afectados son los pequeños comercios unilocalizados, los que mantienen el empleo en este sector y no las grandes superficies, que vienen demostrando una pérdida de empleo progresiva en los últimos años.
No existen datos concretos sobre el número de locales afectados en España por esta situación, algunas cifras hablan de una horquilla entre 100.000 y 200.000 locales. Sea cual sea la cifra, si no ponemos freno, la sangría económica en España va a ser de un volumen incalculable.
Para evitar que esto pase ha nacido esta plataforma, formada por afectados, y que va a luchar con las armas que la unión provee: toda la fuerza para ser un interlocutor válido que haga ver a los legisladores las gravísimas consecuencias de su actuación, y por otro lado unirnos para formar un frente jurídico, que amparándose en la legislación vigente pueda dar una solución lo más definitiva posible.
Magnifica noticia de una iniciativa que nació en Granada y se ha expandido a nivel regional y nacional
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